Ambos casos ponen en debate la destitución de funcionarios que fueron elegidos por medio del voto popular.

La destitución del delegado de Venustiano Carranza, Israel Moreno, originó un debate sobre si la decisión de la Suprema Corte de justicia de la Nación (SCJN) de removerlo atenta contra el derecho de los ciudadanos a elegir a su gobernante, pues estos cargos son de elección popular.

Este caso ha generado polémica como el de Carles Puigdemont, presidente de Cataluña, que fue destituido por declarar la independencia cuando el acto va en contra de la Constitución por ser un llamado a la rebelión.

Además, ambos casos ponen en debate la destitución de funcionarios que fueron elegidos por medio del voto popular.

Apenas este martes, la líder nacional del PRD, Alejandra Barrales, informó que su partido dará todo su apoyo a Moreno Rivera, debido a que el falló de la Corte violenta el derecho de los ciudadanos a elegir a quien los representa y pasa por encima de la democracia.

“La decisión de la SCJN es una cuestión de técnica jurídica y lo que establece la ley. El problema está en otro lado.

Resulta increíble que una cuestión de carácter laboral, que además ni siquiera surgió e el periodo del actual Delegado, esté por encima de la democracia misma, del voto de miles de ciudadanos que pusieron su confianza en Israel Moreno”, indicó.

No atenta a la democracia, sino robustece un estado de derecho

Víctor Manuel Alonso, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle y experto en leyes, comentó a Publimetro que el fallo no vulnera la democracia, como aseguró la líder del PRD, Alejandra Barrales, por medio de un comunicado este martes.

“No atenta a la democracia, sino robustece un estado de derecho (…) El derecho de los ciudadanos radica en que se respete la Constitución. Quien tomó la decisión es el máximo órgano jurisdiccional, que dio la oportunidad en repetidas ocasiones de acatar una sentencia de amparo”, indicó el especialista.

Subrayó que la democracia no se vería afectada debido a que el sistema de leyes está hecho por personas electas por la ciudadanía, que son las que le dan esa facultad.

Además, puntualizó que no se deben dar “tintes políticos” al caso, ya que quien tomó la decisión es el máximo órgano jurisdiccional y tuvo un proceso de tres años para valorarlo.

“Esta circunstancia no tiene nada que ver con política, es la consecuencia de que una autoridad no cumplió con lo que se le ordenó; los políticos no respeten la ley”, subrayó.

La destitución del delegado fue porque incurrió en desacato al no cumplir con una sentencia de amparo emitida el 29 de septiembre de 2014 para restituir en sus funciones a dos trabajadores de la demarcación.