Medio: expansion.mx

Especialista: Mtro. Julio Jiménez, Facultad de derecho

Tema:Lo legal e ilegal acerca de tener dinero en un paraíso fiscal 

Constituir una offshore no está fuera de la ley, salvo que se pruebe que el capital proviene de actividades ilícitas o que se está cometiendo fraude fiscal.

Que una persona o empresa tenga dinero en un paraíso fiscal a través de una empresa offshore no es un delito, salvo que las autoridades prueben que el capital proviene de actividades ilícitas, se cometió evasión o fraude fiscal, explicaron especialistas consultados por Expansión, tras conocerse una investigación que revela los nombres de decenas de personalidades con recursos en paraísos fiscales.

“Son empresas debidamente constituidas bajo las leyes de la jurisdicción correspondiente, el meollo del asunto es que los personajes que están en la lista de Paradise Papers deberían haber declarado estos ingresos y el pago de impuestos por utilidades, para evitar cualquier especulación en el tema de lavado de dinero, evasión o fraude fiscal”, explicó Julio Jiménez, abogado fiscalista y docente de la Facultad de Negocios en la Universidad La Salle.

Ayer domingo el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), dio a conocer los nombres de personajes públicos de todo el mundo, que supuestamente tienen capitales en paraísos fiscales a través de empresas offshore; en México destacaron los nombres de los empresarios Carlos Slim, Enrique Coppel y Ricardo Salinas Pliego, así como el líder sindical, Joaquín Gamboa Pascoe.

Si una persona física o moral tiene cuentas en un paraíso fiscal, su obligación es informar de estos recursos e ingresos por intereses al Servicio de Administración Tributaria (SAT) a través de una declaración anual, explicó Raúl Carbajal, abogado fiscalista y socio director de Carbajal Bermúdez Abogados.

También debe enterar las operaciones que se tuvieron en ese lugar, pero esta última obligación se exime, si México y el otro país tienen acuerdo de intercambio de información fiscal, explicó Carbajal.

“Su tratamiento para el pago de impuestos es diferente al de las personas que tienen su capital en México, incluso el pago del ISR puede ser mayor, porque a los que tienen dinero en paraísos fiscales no se consideran deducciones”, detalló el fiscalista.

Si la persona con dinero en un paraíso fiscal, no cumple con sus obligaciones fiscales, puede despertar la sospecha de la autoridad sobre procedencia ilícita de recursos, es decir que el dinero provenga de secuestros, robo al erario, narcotráfico, sobornos y corrupción, y este sea lavado a través de una empresa offshore, comentó Jiménez.

Por ejemplo, si se detecta el caso de un personaje del sector público que tiene una cuenta en un paraíso fiscal, y sus ingresos están fuera del nivel que declara habitualmente, no paga impuestos, y no dio información al fisco, la autoridad puede presumir que se trata de ingresos que provienen de actos de corrupción; de robo al erario, agregó el académico de La Salle.

También la autoridad puede detectar que se cometió fraude o evasión fiscal, delitos que se pagan con tres meses y hasta seis años de prisión, de acuerdo al Código Fiscal de la Federación.

No obstante, la autoridad en este tipo de casos “ha actuado omisa”, consideró Julio Jiménez.

El año pasado, después de que el ICIJ dio a conocer también el caso de los Panamá Papers, y en el que se publicaron los nombres de 311 mexicanos, sólo 16 fueron sujetos a auditorias fiscales, y los demás fueron invitados a ponerse al corriente de sus obligaciones fiscales, constata el segundo informe que emitió el SAT, en mayo de 2016, derivado de este caso.

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