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Medio: Reforma

Especialista: Lic. José María Aramburu, FD

Tema: Preocupa formación de abogados

Tonatiúh Rubín

Cd. de México (28 enero 2018).- En México, la preparación que reciben quienes estudian abogacía preocupa a los expertos.

De las mil 770 instituciones de educación superior que ofrecen la licenciatura en Derecho, de acuerdo con datos del Centro de Estudios sobre la Enseñanza y el Aprendizaje del Derecho (CEEAD), menos del 10 por ciento acredita la calidad de sus programas académicos.

En el País, sólo existen 138 escuelas con programas de calidad certificados por el Consejo para la Acreditación de la Enseñanza del Derecho (Conaed) y el Consejo Nacional para la Acreditación de la Educación Superior en Derecho (Confede).

Ambos son los únicos organismos acreditadores en la materia validados por el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (Copaes) de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Es decir, poco más del 7.7 por ciento de las escuelas de Derecho acreditaron la calidad de su enseñanza.

Aunque la mayoría de los programas cuenta con Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) -Derecho es la carrera con más RVOES otorgados, según la Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación de la SEP-, especialistas coinciden en que no es un filtro suficiente.

“Si no hubiera un déficit en cuanto a la calidad para otorgar RVOE, nosotros (los organismos acreditadores) no seríamos necesarios”, sostiene José Antonio Núñez, presidente del Confede.

Para Núñez, algunos de los dos mil 263 programas de Derecho que se imparten a nivel licenciatura bajo distintos nombres en el País, según el recuento realizado por el CEEAD, despiertan sospechas por su calidad.

“El problema es muy grande porque tenemos más de dos mil programas de Derecho y eso hace que algunos se impartan un sólo día a la semana y en tres años se sale con licenciatura y especialidad”, cuenta.

“Asumiendo que en algunas instituciones no hay calidad, el riesgo es que cuando se ejerce la profesión se pierda el patrimonio o las libertades (del cliente) por no estar bien preparado”, añade el presidente del Confede.

“Las universidades que no se encuentran certificadas no tienen la garantía de que el estudiante está recibiendo (la formación) que la sociedad requiere”, advierte por su parte Elvira Luna, directora nacional de Derecho de la Universidad del Valle de México, institución que cuenta con 14 programas acreditados por el Conaed.

Reconocimiento sin calidad

Para recibir un RVOE, las escuelas no necesitan contar con una acreditación de calidad.

De acuerdo con la SEP, un RVOE significa el cumplimiento por parte de un particular, de los requisitos mínimos que establece la Ley General de Educación y el Acuerdo Secretarial 279 para funcionar en cuanto a profesorado, instalaciones, planes y programas de estudio.

La acreditación de la calidad, entendida por la secretaría como un proceso de mejora continua en busca de la excelencia, la realizan otras instancias externas.

“Por el momento es optativa (la acreditación) porque la SEP no se ha atrevido a decirles a todos que tienen que hacerlo por obligación”, indica Luis Fernando Peniche, secretario general del Conaed.

“Es muy fácil impartir (esta carrera) porque no pide clínicas ni laboratorios, eso es lo que cuesta caro a las escuelas. Pones una oficina con unos libros, te aconchavas (pones de acuerdo) a tus colegas que ves en los tribunales y ya tienes tu escuela”.

Entre 1991 y 2017, en promedio cada semana abrió sus puertas una nueva escuela de Derecho en el País. De acuerdo con cifras del CEEAD, durante los últimos cuatro años incrementó 10 por ciento el número de escuelas que ofrecen esta carrera en México.

El carácter voluntario de la acreditación, según el Conaed, se debe a que en sus funciones no persigue castigar, sino mejorar la calidad educativa.

“La idea es dar a conocer (la acreditación) a la sociedad para que sepan que una institución es de calidad porque, desafortunadamente, hay muchas otras que engañan diciendo que forman abogados, pero en unos cuantos meses y asistiendo unos cuantos días a la semana, está muy difícil (formarlos)”, agrega Peniche.

El secretario general del Conaed también lamenta que el enfoque de las escuelas sea añadir más alumnos a la matricula, en lugar de invertir en investigación.

“Las instituciones se preocupan más por la matrícula y no se preocupan por la investigación, pero el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) gana más dinero por investigación que por las cuotas”, afirma.

En el año fiscal 2016, la mitad de los ingresos del MIT provinieron de sus actividades de investigación, mientras que las cuotas sólo representaron el 10 por ciento, informó la universidad estadounidense en su reporte de ingresos de operaciones.

Núñez señala que la abundancia de escuelas carentes de certificados de calidad alimenta la mala reputación de la profesión.

“En Derecho tenemos la fama de que no somos muy rectos y a veces no estamos muy bien preparados. (Las malas escuelas), por supuesto, nos desprestigian y hacen que se lancen al mercado abogados mal preparados”, asevera el presidente del Confede.

En contraposición, la acreditación representa prestigio y certeza de que la institución de educación superior es de calidad, asegura.

“Los proceso de acreditación frente a organismos externos dan la garantía que un tercero viene y revisa que nuestro programas, docentes y procesos están apegados a estándares de calidad nacional e internacional”, coincide Luna, directora nacional de Derecho de la UVM.

“Se busca que un tercero reconozca que la calidad no es ficticia y que sea un garante de que la universidad está preocupada porque los futuros profesionistas salgan de acuerdo con los estándares que el País necesita”, precisa.

“No es lo mismo que el director de la Facultad de Derecho te diga que reúne los requisitos de calidad necesarios a que lo diga un organismo externo debidamente autorizado”, concuerda José María Aramburu, director de la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle, que cuenta con certificación del Conaed.

“Nos acreditamos para que alguien externo, especialista y objetivo nos evalué de forma de independiente con el objetivo de participar y ser parte de un proceso de mejora continua, y que nos digan nuestras áreas de oportunidad”, ahonda.

Peniche es incluso más positivo al respecto.

“Estudiar en una escuela de calidad ya les asegura chamba (a los estudiantes). No van a terminar y ver qué hacen. Antes de que terminen los alumnos del CIDE, por ejemplo, los despachos de Santa Fe ya los están contratando”, platica.

Sin garantías

Aparte de la cédula profesional, no existen requisitos para ejercer la abogacía, indica Oscar Cruz Barney, investigador de Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

“Para ser abogado no se requiere un examen de acceso a la profesión”, asegura el especialista, quien relata que para otras carreras jurídicas, como la de notario, corredor público o académico, sí existen barreras de entrada en forma de exámenes o colegiación.

Sin pasantía obligatoria ni examen de acceso a la formación, no hay manera de asegurar la calidad de los egresados, considera.

Contar con un título universitario tampoco es garantía de capacidad profesional, pues la forma de titulación cero se ha popularizado, comenta Luis Fernando Pérez, director del CEEAD.

Este modo de titulación contempla como único requisito que el alumno cubra la totalidad de créditos del programa, sin necesidad de presentar un examen profesional ni elaborar un trabajo escrito.

“Estas carreras privan al estudiante de la oportunidad necesaria y fundamental de hacer una investigación. Es una oportunidad formativa de defender ideas y conclusiones ante un tribunal”, lamenta Cruz Barney.

En opinión del investigador, México tendría que adoptar el modelo de colegiación obligatoria.

“El que quisiera ejercer como abogado tendría que estar colegiado.

El colegio se encargaría de la certificación de conocimientos, del examen de acceso a la profesión y del control ético”, explica.

Riesgo social

A juicio de Cruz Barney, la abundancia de escuelas y programas de Derecho sin calidad certificada obedece también a un problema económico.

“No toda la población puede pagar la mejor escuela de Derecho o la que tenga las mejores instalaciones.

Es resultado de la crisis económica permanente en la que vive este país”, afirma.

No obstante, los expertos consideran peligrosa la ausencia de un indicador de calidad.

“Asumiendo que en algunas instituciones no hay calidad, el riesgo es que cuando se ejerce la profesión se pierda el patrimonio o las libertades (del cliente) por no estar bien preparado”, relata Núñez.

La carencia de pericia o capacidad profesional del abogado puede llevarlo a perder un juicio, añade.

“Como abogado le echas a perder la vida en lo económico o en la libertad (por estar mal preparado) al cliente”, advierte Peniche.

Por su parte, Luis Fernando Pérez opina que la deficiente formación de abogados contribuye al empobrecimiento del sistema de justicia mexicano.

“Mientras no tengamos programas de Derecho de calidad, no tendremos los abogados que se necesitan para consolidar el Estado de Derecho”, afirma.

“El futuro de una nación depende de la buena educación y preparación de nuestros estudiantes.

Hay que iniciar con programas educativos de calidad reconocidos y acreditados”, comenta Aramburu.

“El objeto final del Derecho es la justicia, si nosotros no estamos bien preparados, nos alejamos de la justicia”, remata Núñez.

Impulso laboral

Para los empleadores, egresar de una escuela con calidad certificada es un indicador de desarrollo de habilidades.

“Si la escuela cuenta con certificado de calidad, tienen mayor peso en la metodología y bases educativas. Al momento de que egresan (sus estudiantes), están avalando que está certificada alguna habilidad”, explica Mariela Flores, gerente regional de Manpower.

Aparte de mayores posibilidades de acceder al mercado laboral, sus expectativas de desarrollo crecen.

“No sólo es para acceder a una posición con un mejor salario, sino que también es muy importante para el desarrollo dentro de una compañía, para que puedas acceder a un mejor entrenamiento”, agrega.

“La calidad es importante dentro del ámbito empresarial para tener el mejor talento. Al momento que integras el mejor talento se traduce en un tema de (mayor) productividad. El que se tenga un certificado de calidad se vuelve un beneficio”, cuenta.

Luis Peniche coincide con el beneficio que aporta estudiar en una escuela acreditada.

“Los abogados egresados de buenas instituciones de educación superior consiguen chamba luego luego, se destacan en la profesión, y los que no, tristemente y no es peyorativo, tienen que manejar un taxi o alguna cosa así porque la profesión no les da para más”, lamenta.

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