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Medio: Expansión 

Especialista: Dr. Bernardino Esparza 

Tema: 12 pasos a la transformación

  • Antes de convertirse en presidente

Andrés Manuel López Obrador advirtió que su llegada al Ejecutivo no sería sólo un cambio de gobierno, sino de “régimen”. Hoy lo repite en las conferencias matutinas y en muchos de los mítines que encabeza en los estados.

Para el mandatario federal que cumple un año en funciones, el “cambio de régimen” significa acabar con la corrupción, la desigualdad, la violencia y los privilegios de la clase política. “Gobernar para pobres y ricos” y separar el poder económico del político. Él quiere pasar a la historia como el mejor presidente de México.

“En el último año del presente sexenio, el país habrá llevado a cabo lo sustancial de su cuarta transformación histórica, tanto en el ámbito económico, social y político”, asegura López Obrador.

La ambiciosa meta del presidente está plasmada en el Plan Nacional de Desarrollo (PND), cuyo epílogo fue escrito por él mismo y fue causa de fractura con el exsecretario de Hacienda Carlos Urzúa: “Su trabajo no era un plan, sino un manifiesto político”, relató el mismo funcionario después de dejar el gobierno de izquierda.

Pero ¿qué ha hecho AMLO en 12 meses para sentar las bases de lo que él llama la “Cuarta Transformación”?

César Astudillo, académico de la UNAM, señala que si bien es ambicioso hacer la transformación, “justo esa oferta fue la que conquistó miles de votos ciudadanos”.

“Es indudable que estamos ante un gobierno en el que está dándose una transformación a profundidad en la vida nacional”, asegura el politólogo Sergio Aguayo, quien sostiene que los resultados más precisos en su primer año son en el tema de combate a la corrupción, donde hay investigaciones contra exfuncionarios de la administración de Enrique Peña Nieto, como Rosario Robles, Emilio Lozoya y Gerardo Ruiz Esparza.

El presidente admite que el mayor avance lo ha tenido en la parte jurídica para obtener mejores leyes para la población. Hace unas semanas, pidió un año más para terminar de cimentar las bases de su gobierno. “Todavía lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer, es un proceso de transición”, afirma.

Para Bernardino Esparza, investigador en Derecho por la Universidad La Salle, hay dos aspectos importantes en un cambio de sistema político: la forma de gobernar y los pasos que se están dando para cambiar la Constitución. “Todos los gobiernos quieren dejar un toque en su forma de gobernar y cambian las leyes”. En lo que va del gobierno de López Obrador, resalta, se han modificado al menos 25 artículos. Con Enrique Peña Nieto, dice, se hicieron 155 reformas constitucionales en todo el sexenio.

Pasados los primeros bloques de leyes que enmarcan la Cuarta Transformación, que tienen que ver más con el combate a la corrupción y la instauración de la política de austeridad, el presidente instruyó plasmar en la Constitución su política social.

Los analistas políticos indican que al hombre que fue elegido con 30 millones de sufragios el tiempo comienza apremiarle, pues señalan que hay claros pendientes en materia de seguridad y económicos, y cada vez es más evidente que los resultados no han ido al ritmo que él quisiera.

“Hay una exigencia social para que haya resultados, desafortunadamente, no es fácil y es lento, pero el presidente está sentando las bases en términos económicos, de restablecimiento del tejido social”, señala Ivonne Acuña, politóloga y académica de la Universidad Iberoamericana.

El lento inicio de gobierno ya ha comenzado a reflejarse en las encuestas, de acuerdo con el Poli of Polis, de Oraculus, a noviembre, AMLO presentaba una aprobación de 67%, 14 puntos menos que en el momento más alto, que fue febrero, cuando tenía una aprobación de 81%.

La herida a los contrapesos La reciente elección de Rosario Piedra como presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) es muestra de la relación que, desde antes de asumir el gobierno. López Obrador ha tenido con los órganos autónomos. Para el mandatario, tanto la CNDH como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) o el Instituto Nacional Electoral (INE) son entes que “guardaron un silencio cómplice” con los gobiernos anteriores, por lo que su crítica ha sido reiterada. Son costosos y simuladores, “son burocracia dorada”, ha dicho cuando se refiere a los organismos autónomos que funcionan como contrapeso. Para el comisionado del INAI, Joel Salas, los embates desde Palacio Nacional han sido de dos tipos: con reducción presupuestal o con reformas constitucionales, como sucedió con el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE), organismo que desapareció cuando se enterró la reforma educativa del gobierno anterior. El presidente ha optado por colocar a personas cercanas a él o a su movimiento en estos cargos, vía la mayoría en el Congreso, tanto en autónomos como en otros poderes. Piedra es cercana a él e, incluso, milita en Morena. En la Fiscalía General de la República, se elegió a su excolaborador Alejandro Gertz Mañero, mientras que en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se votó a favor de Jazmín Esquível, esposa de José María Riobóo, el empresario constructor muy cercano a AMLO y que ideó el plan del aeropuerto de Santa Lucía.

Piezas de la 4T En al menos seis de 11 órganos autónomos hay perfiles afines.

  • Comisión Reguladora de Energía Leopoldo Mechi •¦ Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) Rogelio Hernández Cázares •¦CNDH Rosario Piedra
  • Fiscalía General de la República Alejandro Gertz
  • Banxico Subgobernadores Gerardo Esquivel y Jonathan Heath •¦ Coneval José Nabor Cruz

Centralización del gobierno y poder La creación de la figura de los “superdelegados”, los abucheos a gobernadores de oposición en las giras por los estados o el lanzamiento de gas lacrimógeno a presidentes municipales que pedían recursos en Palacio Nacional, son algunos de los rasgos de la relación que ha tenido el presidente con los otros órdenes de gobierno.

“Los gobernadores enfrentan una realidad difícil y los actores políticos locales de Morena se saben empoderados por el respaldo de los poderes federales y eso es una relación política novedosa’’, indica Guillermo Cejudo.

Para el secretario académico del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). el presidente sólo tiene en discurso el federalismo, porque, en los hechos, apuesta por la centralización del poder. Gobernadores como Javier Corral, de Chihuahua, y Enrique Alfaro, de Jalisco, han intentado combatirlo, pero sin lograrlo.

Alfaro ha señalado la necesidad de plantear un nuevo Pacto Fiscal ante la intención del gobierno morenista de centralizar o desaparecer fondos, como el de salud o el de infraestructura escolar.

Para el coordinador de delegados federales, Gabriel García, la figura de delegados fue creada para mejorar la relación con los estados.

La austeridad y el elefante reumático

“Esto ya cambió”, “Ya no es como antes”, son dos frases que repite diariamente el presidente para referirse a la transformación que encabeza y que incluye la operación de la administración pública. Desde el primer día de gobierno, fijó la línea de la austeridad: ordenó fijar su salario en 108,000 pesos mensuales, disminuir el sueldo de todos los funcionarios federales por debajo del suyo y eliminar prestaciones y gastos superfluos; también se prohibió el uso de vuelos privados y se pusieron en venta bienes del gobierno, como el avión presidencial -aún sin lograr- para entregar recursos a comunidades pobres del país.

Mariana Campos, coordinadora del Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas de la organización México Evalúa, considera que el balance es de claroscuros.

“A pesar del bajo crecimiento económico, ha habido disciplina en las finanzas públicas porque no ha recurrido a incrementar la deuda pública. Sin embargo, entre las decisiones cuestionables está la forma en ejercer el gasto público”, señala la experta al recordar el desabasto de medicinas y la falta de entrega de recursos a distintos Institutos de Salud.

Sin presencia internacional El 11 de noviembre, el gobierno de López Obrador ofreció asilo político al expresidente de Bolivia Evo Morales; hasta antes de ese episodio, la política exterior se concentraba en la relación con Estados Unidos. El acuerdo conseguido por el canciller Marcelo Ebrard, de frenar la llegada de migrantes a EU, a cambio de que no se aplicaran aranceles a productos mexicanos y el cabildeo para la aprobación del Tratado México-Estados Unidos-Canadá, han acaparado la agenda.

En 12 meses, el presidente no ha realizado ningún viaje al extranjero y ha rechazado invitaciones a tomas de protesta y foros internacionales.

Contrasta con los 15 viajes de Vicente Fox, las 17 salidas de Felipe Calderón y las 19 de Enrique Peña Nieto en su primer año.

Para el intemacionalista y exdirector del Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques del Senado Arturo Magaña Duplencher, dejar en un segundo plano las relaciones con el mundo tendrá un costo para el país.

“Esta falta de un discurso integral para plantear un posiclonamiento de México en el mundo, termina por difuminar su presencia”, explica Magaña, quien considera que eso responde a que AMLO no quiere ser visto como un político “frívolo e incoherente” con su austeridad.

AMLO, el legislador Por Mariana León Once días después de ganar la elección, Andrés Manuel López Obrador reunió a los legisladores de la coalición “Juntos Haremos Historia” en la colonia Roma para marcar su agenda legislativa. Enlistó 12 prioridades que debían cumplir.

En el primer año de sesiones, la agenda del presidente ha acaparado las discusiones en las dos Cámaras, y a días de conmemorar su primer año en el poder, siete legislaciones ya habían sido aprobadas, mientras que dos reformas constitucionales se encontraban en los congresos locales. La nueva reforma educativa -que cancela la del gobierno anterior-, elevar a delito grave la corrupción, el robo de combustible y el fraude electoral, han sido los cambios más aplaudidos por el presidente. La consulta popular y la revocación de mandato se aprobó, pero tuvo modificaciones, pues AMLO no podrá estar en la misma boleta durante la elección intermedia de 2021.

La realidad violenta se impone El primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador será el más violento desde que existe una medición. Hasta el 31 de octubre, el gobierno de Morena acumula 28,782 homicidios dolosos, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

El presidente ha defendido su estrategia de seguridad y ha afirmado que no combatirá la violencia con más violencia. En esta materia, logró poner en operación -con el aval de todos las fuerzas políticas representadas en el Congreso- la Guardia Nacional y ha desplegado a 70,000 elementos de las fuerzas armadas por todo el país.

“Definitivamente, nadie niega que el presidente recibió el país en condiciones precarias en materia de inseguridad, pero ya no se puede hablar de consecuencias del pasado. El problema es que este gobierno no ha actuado”, destaca el director del Observatorio Nacional Ciudadano, Francisco Rivas.

Los eventos que más cimbraron al país, en esta materia, fueron el fallido operativo de Culiacán, donde se debió dejar libre a Ovidio.

Hablar sin informar De lunes a viernes, el presidente encabeza la conferencia matutina; desde ahí presenta programas y emite aclaraciones. Los temas pueden ir desde los precios de la gasolina, informes de migración, de seguridad hasta pasar por el “neoliberalismo”. el “conservadurismo” de adversarios políticos y resultados del partido de béisbol.

En su primer año, el presidente ha ofrecido 255 conferencias matutinas; es decir, ha estado más de 500 horas ante la prensa. El mensaje se complementa con publicaciones en Twitter. Facebook y YouTube. López Obrador, sin duda, ha cambiado la manera de informar a los mexicanos.

Pero ¿realmente se informa? Para Luis Estrada, director general de SPIN-Taller de Comunicación Política, las conferencias matutinas no necesariamente cumplen con su función de informar.

“Tenernos un presidente que da conferencias todas las mañanas, como nadie lo ha hecho nunca y, aun así, hay vacíos de información”, considera.

La experta en comunicación política Mercedes Baltazar subraya que las conferencias no son estrategia de comunicación, sino de propaganda y muestra de ello, dice, fue la crisis de información que se vivió con el operativo de Culiacán. cuando hubo, por lo menos, seis versiones distintas de los hechos.

En ese “diálogo circular” matutino, también han surgido diferencias con los periodistas. Aunque ha negado algún tipo de estigmatización hacia ellos, el presidente se refiere a la prensa crítica como “fifí”, “conservadora”, “adversaria”, y hasta ha recordado la frase de Gustavo Madero: “Muerden la mano que les quitó el bozal”.

Separar el poder político del económico La tensión con grupos empresariales se intensificó semanas antes del día uno de su gobierno. La cancelación del aeropuerto de Texcoco no agradó a la comunidad empresarial y, mucho menos, ‘la consulta’ con la que se decidió la medida. El presidente habla de separar el poder político del económico, pero su relación con los empresarios más importantes del país no ha terminado, los tiene cerca y asesorándolo en materia de inversiones para el gobierno federal.

El jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, asegura que los empresarios nunca se habían reunido tanto con un presidente como lo han hecho con López Obrador.

Para Rodolfo de la Torre, del Centro de Estudios Espinosa Yglesias, este Consejo Asesor representa lo contrario.

“Ha habido actos simbólicos en el sentido de que va a predominar el criterio político, como en la cancelación del aeropuerto. Pero, por otro lado, ha habido señales en sentido contrario, por ejemplo formó un Consejo Asesor Empresarial, lo cual es un acercamiento del poder económico y el poder político”, señala.

A la par, se ha creado el Consejo para el Fomento a la Inversión, el Empleo y el Crecimiento Económico, que agrupa a empresarios y líderes sociales de varias regiones del país para empujar las economías regionales.

Los asesores del presidente

  • Ricardo Salinas Pliego (TV Azteca y Banco Azteca)
  • Bernardo Gómez (Televisa)
  • Olegario Vázquez Aldir (Grupo Ángeles y Grupo Imagen)
  • Carlos Hank González (Banorte)
  • Miguel Alemán Magnani (Interjet)
  • Daniel Chávez (Vidanta)
  • Miguel Rincón (Bio Pappel)
  • Sergio Gutiérrez Muguerza (Deacero)

La política social de Andrés Manuel López Obrador fue presentada en el Plan Nacional de Desarrollo: “El objetivo más importante del gobierno de la Cuarta Transformación es que, en 2024, la población de México esté viviendo en un entorno de bienestar”.

Bajo ese principio se puso en marcha el “nuevo modelo de bienestar transversal basado en los derechos de las personas”, el cual, a decir de Alicia Barcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, se apoya en programas estrella, como Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro, la Pensión para Adultos Mayores, para Personas con Discapacidad, las becas y las tandas del Bienestar. Hasta el momento, se han repartido 300,000 millones de pesos en apoyos directos.

Esta entrega de recursos directos no es un plan de largo plazo, asegura Rodolfo de la Torre, director de Desarrollo Social del Centro de Estudios Espinosa Yglesias.

“Transferir dinero tiene resultados a corto plazo, pero no es sostenible como mecanismo para elevar el bienestar”.

El presidente instruyó a los legisladores de Morena a ampliar sus programas y plasmarlos en la Constitución.

La política del “bienestar” a la Constitución.

El año del estancamiento Por Alejandro Dazán El entusiasmo con el inicio del gobierno provocó que las expectativas de crecimiento económico para el año en curso fueran demasiado optimistas, de 2.5%. Finalmente, la realidad se impuso y el país está en un estancamiento.

Hay factores como el futuro del T-MEC en los congresos de Estados Unidos y Canadá, así como la cancelación de los farmouts (asociación público-privada) energéticos que fian afectado a la economía, pero también existe incertidumbre por el respeto al Estado de derecho y la transparencia en la ejecución del presupuesto. Para revertir la situación, la Secretaría de Hacienda lanzó, recientemente, un proceso para ejecutar 873 licitaciones por 8,767 millones de pesos el año entrante.

Víctor Gómez, subdirector económico de Finamex Casa de Bolsa, y Carlos Alberto Jiménez Bandala. académico de la Facultad de Negocios de la Universidad La Salle, coinciden en que esta medida podría ayudar a disminuir la incertidumbre, lo cual tendría un impacto positivo en la actividad económica. Otra opción que se tiene para detonar la actividad productiva tiene que ver con el sector energético: “Retomar las rondas de la reforma energética y otra, que no genera mayor inversión extranjera directa, pero sí un mayor crecimiento económico, es el gasto en infraestructura”, recomienda Gabriela Siller, directora de análisis económico-financiero de Banco BASE.

Barrer las escaleras

“Erradicar” la corrupción es uno de los objetivos del presidente Andrés Manuel López Obrador; para ello se apoya en la Secretaría de la Función Pública (SFP) y en la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda; no lo hace desde el Sistema Nacional Anticorrupción, creado en la administración pasada. En particular, se apoya en la UIF, a cargo de Santiago Nieto, desde donde se realizan investigaciones contra, al menos, cinco políticos cercanos al expresidente Enrique Peña Nieto.

Su estrategia ha sido bien recibida. De acuerdo con el Barómetro Global de la Corrupción 2019, el 61% de los mexicanos valora de manera positiva la estrategia; en 2017, sólo 24% lo consideraba así.

“Ha tenido más éxitos en el combate a la alta corrupción, con órdenes de aprehensión y grandes personajes bajo investigación”, afirma el politólogo Sergio Aguayo.

Sin embargo, los señalamientos a su gabinete ya han aparecido; Manuel Bartlett, titular de la Comisión Federal de Electricidad, es señalado de no declarar todos sus bienes, y ya es investigado por la SFP, aunque el funcionario es respaldado por el presidente.

En la mira de la UIF

Rosario Robles, exsecretaria de Desarrollo Social y Desarrollo Territorial y Urbano.

Emilio Lozoya, exdirector de Pemex.

  •  Gerardo Ruiz Esparza, exsecretario de Comunicaciones y Transportes.
  • Juan Collado, abogado de Enrique Peña Nieto.
  • Carlos Romero Deschamps, exlíder del sindicato de Pemex.
  • Acciones anticorrupción 1,791 SANCIONES

 

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