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Colaboración de la Dra. Alma Cossette Guadarrama en el marco del día de la eliminación de la violencia contra la mujer.                                

En el marco del día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer surge la iniciativa, por parte de la sociedad civil e impulsada por el Secretario General de las Naciones Unidas, denominada “16 días de activismo contra la violencia de género”. El objetivo es visibilizar la violencia contra las mujeres como la trasgresión más preponderante de los derechos humanos en el mundo; ello en el contexto de la Campaña UNETE que inicia el 25 de noviembre, y concluye el 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos. El tema mundial de este año es: “Pinta el mundo de naranja: ¡Financiar, Responder, Prevenir, Recopilar”; en donde cada una de las acciones tienen propósitos específicos; empero, todos encaminados a erradicar la problemática. Por ejemplo: prioriza el financiamiento de servicios que comprendan la prevención de la violencia de género frente a la COVID-19; garantiza, no solo los servicios mínimos, sino también una adecuada respuesta a cada procedimiento judicial de carácter penal; previene la violencia de género, por medio de una política de tolerancia cero, con la implementación de planes de acción concreto, y recopila información que permitan mejorar los servicios y programas de violencia de género (ONUMUJERES, 2020).

El 2020 se ha convertido en un año sui generis derivado de la pandemia producida por el virus SAR-COV-2, causante de la enfermedad COVID-19, misma que hecho tambalear las estructuras políticas, económicas, y sociales de todos los Estados. En el rubro social el virus generó un despunte en las cifras de violencia contra la mujer por el confinamiento, en ocasiones voluntario y otros forzado, que obligó a la mujer a convivir 24 * 7 con el enemigo. En México, la aseveración se pude confirmar con las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Verbi gratia, durante 2019 se recibieron 197,693 llamadas de emergencia relacionadas con incidentes de violencia contra la mujer, al tener el pico más alto en diciembre con 21,628; en contraste, de enero a septiembre de 2020, la cifra reportada ya superaba la del total del año pasado con 199,974 llamadas, al alcanzar su máximo en marzo con 26,171 llamadas, el más alto en los últimos cinco año. Ello coincide con el inicio de la fase tres de la contingencia sanitaria que implicó el resguardo domiciliario.

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México como miembro de la comunidad internacional no ha sido indiferente a las acciones emprendidas por los organismos internacionales para atender el flagelo que representa la violencia contra la mujer. En este sentido, el pasado 25 de noviembre, la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Codero, dio inicio a los 16 días de activismo establecidos por la Organización de las Naciones Unidas (Aristegui Noticias, 2020). Hoy, a dos días para cumplirse el terminó fijado, las preguntas que surgen son: ¿Qué se ha hecho? ¿Ha habido un cambio? y ¿Qué se puede esperar?. En relación a la respuesta de la primera pregunta, el gobierno mexicano ha emprendido varias acciones como: la formación del Grupo Interinstitucional de Estrategia contra Violencias, que articula a todas las dependencias del gobierno en un trabajo coordinado con perspectiva de igualdad sustantiva y de derechos humanos. Asimismo, a través del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) se crearon 217 Redes de Mujeres Constructoras de Paz en más de 100 municipios y se invirtió más de 170 millones de pesos en prevención de la violencia sexual. Por otra parte, se estableció el número 911 para la atención a víctimas de violencias, se ampliaron y fortalecieron los centros de justicia para mujeres, y se continuó con la capacitación a policías (Infoabe, 2020).

Con las acciones mencionadas se puede pensar que se ha producido un cambio, que los índices han tenido una reducción, sino significativa al menos visible. Sin embargo, esto no es así, porque la violencia contra la mujer obedece a la estructura social mexicana basada en el machismo, en donde el imaginario social se ancla en la idea de que el hombre es el dueño de la mujer, más bien, es una extensión de sí mismo, y la mujer está obligada a devolver ese reflejo a través de apegarse a los roles dictados por la norma social, contrario sensu, el hombre la anulará para poder reafirmar ese poder que considera legítimo.

En este sentido, es necesario repensar la realidad en el contexto de la pandemia, es decir, si se afirma que la violencia de género no es una práctica aislada, sino el resultado de actos continuos, en donde la mujer es vista como una vida que no es digna de ser llorada, desde la postura de Butler sobre la llorabiliad, o bien como una cosa que puede ser desechada desde la teoría de Bauman sobre la sociedad liquida; entonces, las estrategias gubernamentales no pueden ceñirse exclusivamente a los espacios tradicionales de manifestación de la violencia, se debe pensar que la violencia ha migrado a todos los espacios de participación de la mujer, como los medios digitales, y en consecuencia reconstruir los supuestos jurídicos para buscar sanciones no solo penales, sino de corte social.

Finalmente, ante el escenario trazado por la enfermedad COVID-19, no se puede esperar en lo próximo cambios sustanciales, aun cuando se cuente con una política pública sólida y voluntad gubernamental, porque la deconstrucción de los imaginarios sociales son procesos lentos que se perciben a largo plazo, en donde un elemento fundamental para que se produzca el cambio es enfocar los esfuerzos en una educación de respeto por el otro, en donde las diferencias culturales, sociales, económicas, entre otras, se conviertan en oportunidades de crecimiento y enriquecimiento cultural.

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