Ulises Díaz

Cd. de México (27 abril 2018).-A pesar de que las remesas son una de las fuentes de ingresos más importantes para México, el País destina pocos recursos para proteger a sus migrantes.

Cada año se destinan 2 mil 803 millones de pesos para protección de los migrantes mexicanos (unos 151 millones de dólares), considerado por expertos como un presupuesto pobre para los 28 mil millones de dólares de remesas que enviaron los connacionales al País en 2017.

El Gobierno ejerce esos recursos en tres grandes programas. como el de Atención, Protección y Servicios Consulares, de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), que cuenta con 546 millones de pesos.

También está el Programa de Servicios Migratorios, de la Secretaría de Gobernación, que usa otros mil 781 millones de pesos, y el Programa 3×1, de la Secretaría de Desarrollo Social, que tiene 476 millones.

Para especialistas, el recurso es escaso si se compara con los beneficios que recibe el País.

En la última década, México recibió 265 mil 555 de dólares de reservas, monto que compite con los 325 mil millones de Inversión Extranjera Directa.

“El Estado mexicano debería invertir sustantivamente más recursos en política exterior en general, hay una subinversión en este rubro.

“Automáticamente, hay un subgasto en temas consulares y de protección de mexicanos al exterior. Se debería aumentar, por lo menos en 50 por ciento, el presupuesto para estos temas”, explicó Jorge Schiavon, especialista en migración del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

En Estados Unidos, donde vive 97 por ciento de los mexicanos en el exterior, radican unas 35 millones de personas, que son las que bajo mandato constitucional requieren este tipo de servicios.

De éstos, hay mexicanos de primera generación, que son los que nacieron en territorio mexicano, así como de segunda y tercera generación, que son hijos de mexicanos o hijos de hijos y pueden optar por la nacionalidad.

Sin embargo, es este primer grupo, que son alrededor de 12 millones, los que más requieren de protección, puesto que la mitad de ellos no cuentan con un estatus migratorio legal y son los que dependen de las acciones de protección del Estado mexicano.

“Generalmente son los mexicanos de primera generación los que más remesas mandan a México. Aproximadamente 20 por ciento de las familias mexicanas reciben remesas. En consecuencia, la protección de mexicanos en el exterior es la protección de mi familiar en el extranjero y muy particularmente de aquéllos que envían remesas a México”, explicó Schiavon.

Alexandra Delano, profesora investigadora de la universidad neoyorquina The New School, explicó que el Estado mexicano es responsable, por mandato, de proteger a los migrantes, pero al hacerlo también obtiene una ganancia.

“México tiene una responsabilidad porque se hayan ido del País, por no proveer las condiciones necesarias para que puedan estar en territorio mexicano. Es una cuestión constitucional, de derechos humanos”, dijo.

La protección y asistencia a los mexicanos en el extranjero consiste en tres ejes: documentación, que es la emisión de pasaportes, matrículas consulares y otros documentos que ayuden a probar la nacionalidad; la protección consular, que incluye la asistencia en caso de algún problema legal, y asistencia a comunidades.

Así, en los consulados se ofrecen servicios de emisión de documentos de identidad y se han incorporado otros programas de desarrollo humano como ventanillas de salud, educación financiera y acceso a bancarización para el retiro y ahorro, así como asistencia legal básica.

Además hay otra serie de programas que son muy onerosos, como la repatriación de cadáveres y el Programa de Asistencia Jurídica a Mexicanos a través de Asesorías Legales (PALE), el cual usualmente se usa para personas detenidas, en juicio o condenadas a pena de muerte.

“En el País se ha desarrollado una diplomacia muy sólida para protección a los migrantes. Sin embargo, lo que se destina a su protección es un porcentaje mucho menor de lo que contribuyen en términos de recursos”, dijo Delano.

María del Carmen Cendón, especialista en Derecho de La Salle, explicó que debido al tamaño de la población y lo extenso de los programas, usualmente el presupuesto es insuficiente y entonces lo que ocurre es que o dejan de prestarse ciertos servicios o se tarda en ejercerlos, lo cual causa frustración entre los migrantes.

Se solicitó a la Secretaría de Relaciones Exteriores asesoría sobre los programas que ejercen al extranjero así como la distribución del gasto pero debido a la veda electoral ésta no pudo manifestar su opinión.