Medio: Reporte Índigo

Especialista: Mtro. Javier López Recamier / FD

Tema: “Desafío abierto”

La fallida estrategia de seguridad implementada por la actual administración, sumada a los elevados niveles de impunidad, han permitido a los grupos del crimen organizado fortalecerse de una manera sin precedentes, prueba de ello es el atentado del pasado viernes en la capital del país y el aumento en el número de homicidios en México.

El atentado perpetrado en contra del secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, pone en evidencia el empoderamiento de los grupos delincuenciales y el abierto desafío en contra del Estado mexicano.

Hace apenas unos días, la delincuencia organizada puso en jaque a las autoridades estatales y federales de diversas regiones con acciones que podrían considerarse como terroristas.

En Guanajuato, la ofensiva en contra del cártel de Santa Rosa de Lima trajo como secuela una nueva oleada de violencia: bloqueos e incendios; además, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) reportó el hallazgo de explosivos en instalaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex), lo que pudo ser un intento de atentado a la refinería de Salamanca.

Mientras que la semana pasada, el estado de Sonora se convirtió en una zona de guerra tras el enfrentamiento entre cárteles del narcotráfico, dejando cuerpos abandonados en la carretera, una gasolinera incendiada y vehículos carbonizados.

No obstante, el caso del atentado del 26 de junio contra García Harfuch en la Ciudad de México, llama la atención porque nunca antes se había presentado un suceso de esa naturaleza en agravio de un funcionario capitalino y en una colonia de alto nivel socioeconómico como Lomas de Chapultepec.

“Es un hecho inédito, no teníamos conocimiento de un atentado en contra de un secretario de seguridad en la sede de los poderes de la Unión”, afirma Ramón Celaya Gamboa, especialista en seguridad y procesos penales.

El experto indica que la forma en que actuaron los presuntos sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) contra García Harfuch no se había visto antes en la capital, pues conocían sus rutinas, posibles vías de escape e incluso llevaban rifles tipo Barret calibre .50, para perforar blindaje.

“Utilizaron armas largas, granadas, que aún con el nivel de blindaje de la camioneta, quedó destrozada”, detalla.

Como saldo del atentado tres personas fallecieron (dos escoltas y una mujer que iba pasando por el lugar) y detuvieron a 12 posibles implicados.

Celaya Gamboa refiere que este acto es similar a los sucedidos en zonas del norte del país donde los cárteles tienen mayor presencia.

Y dice que si bien en cifras la Ciudad de México no iguala a otras entidades, el atentado es una muestra del nivel de violencia alcanzado y de la fuerza y presencia que las organizaciones criminales tienen en el centro del país.

Apenas el pasado 25 de junio, Luis Crescencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional, informó durante una conferencia matutina, que cuatro cárteles se disputan la Zona Metropolitana del Valle de México: Cartel Jalisco Nueva Generación, Guerreros Unidos, Caballeros Templarios y La Familia Michoacana.

El reto para el Estado en su conjunto, en todos los niveles de gobierno, es mayúsculo, pues la estrategia de seguridad emprendida en la actual administración está lejos de dar resultado; los indicadores de violencia muestran un aumento y los grupos delincuenciales son cada vez más osados.

De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en mayo de 2020 se registraron 2 mil 913 víctimas de homicidio doloso, 10 más con respecto al mismo mes de 2019, por lo que la comisión de este ilícito se mantiene prácticamente igual.

Replantear la estrategia La fuerza de los cárteles en el país, la cual quedó evidenciada en el atentado del viernes y con el asesinato de un juez federal en Colima el 16 de junio, es un indicador de que la estrategia de seguridad y procuración de justicia tiene que cambiar.

También, debe ser el motivo para mejorar métodos en el combate a la impunidad.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción Sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2019 del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), sólo se denuncian el 10 por ciento de los delitos cometidos.

Además, de acuerdo con el estudio Hallazgos 2018 de México Evalúa, del total de crímenes perpetrados y presuntos delincuentes procesados, sólo cuatro por ciento reciben sentencia.

Especialistas consideran que esto es otro factor para que la delincuencia organizada tome fuerza.

“Es una llamada de atención para eficientar la justicia y el Poder Judicial, y más en estos momentos en que se vive la transición a los juicios orales”, dice Arturo Argente, director de la División de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey Campus Toluca.

Por otra parte, Javier López Recamier, especialista en política de la Universidad La Salle, afirma que la impunidad es un incentivo para que los grupos criminales lleven a cabo ataques contra la autoridad.

Pone de ejemplo el caso del operativo donde capturaron a Ovidio Guzmán, líder del Cártel de Sinaloa, en octubre de 2019, y cuando lo liberaron horas después supuestamente para evitar una escalada de violencia mayor.

“Creo que persiste una corrupción impresionante y a nivel federal hay mucha impunidad. Se perdonó al hijo de ‘El Chapo’ Guzmán, acciones que no son propiamente de un país que evite la alteración del orden”, dice López Recamier.

El especialista del Tec de Monterrey, Arturo Argente, señala que las autoridades deben terminar de consolidar e intensificar las operaciones de la Guardia Nacional, que entró en funciones en abril de 2019, y también proteger más a los jueces.

Julio Ramírez