Medio: politica.expansion.mx

Especialista: Dr. Bernardino Esparza / FD

Tema: “El amparo y otros recursos, “armas de defensa” de la Constitución”

Partidos, órganos autónomos y Organizaciones de la Sociedad Civil preparan recursos legales para frenar las reformas que darían pie a la “Ley Zaldívar” -que extendería el periodo del ministro presidente- y a la conformación del Padrón nacional de usuarios de telefonía móvil (Panaut).

Esas acciones son las más recientes en una serie de inconformidades que han recibido los tribunales para hacer frente a iniciativas del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Para abogados especializados, es una paradoja que se recurra a amparos, acciones de inconstitucionalidad o controversias constitucionales para defenderse o hacer valer lo que dice la Constitución, cuando desde el principio, el Ejecutivo protesta hacerlo. “No es un buen síntoma”, dicen.

Luis Pérez de Acha, abogado constitucionalista y exintegrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, señala que lo ideal es que el recurso de amparo sea una “excepción”, pero hoy es la “regla general”, lo que es “un mal síntoma” de que no se está respetando la Carta Magna.

“Los grandes temas nacionales se están judicializando demasiado, afortunadamente lo tenemos (el juicio de amparo), pero desafortunadamente la alta judicialización de los casos, evidencia que el gobierno y el Congreso no están respetando por sí mismos la Constitución”, dice.

Es mal síntoma que tengamos que presentar tantos amparos. Es mal síntoma de que en la percepción ciudadana la Constitución no se está respetando y por lo tanto el único remedio que nos queda es el juicio de amparo. Luis Pérez de Acha, constitucionalista.

La letra de la Ley de Amparo en lenguaje llano, elaborado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), describe este recurso como un “medio de defensa que las personas tenemos para proteger, ante los tribunales, los derechos que reconoce nuestra Constitución cuando consideramos que una autoridad los está violentando”.

Desde que se inició el gobierno de López Obrador, se empezaron a interponer estos recursos legales en obras emblemáticas de la administración. Sucedió con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles en la base militar de Santa Lucía, el Tren Maya cuyos procesos están pendientes de resolver ante la SCJN, la última instancia en la materia.

A estos se sumaron el amparo interpuesto por la organización México Unido Contra la Delincuencia en contra del acuerdo de López Obrador del 11 de mayo de 2020, en el que se establece que las Fuerzas Armadas estarán en las calles durante cinco años, y los miles presentados frente a la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, con el que se buscó bajar el sueldo a los funcionarios.

Recientemente, también se presentaron estos recursos legales frente a la Ley de la Industria Eléctrica y este martes, la Corte aceptó la acción de inconstitucionalidad .

En este y otros casos, Francisco Burgoa, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Nacional Autónoma de México, explica que hubo fallas desde el principio, pues el consejero jurídico de la Presidencia es quien debe hacer una propuesta que tenga “idoneidad jurídica” y revisar que cualquier proyecto que presente el Ejecutivo ante el Congreso no tenga ninguna cuestión que pudiera atentar contra la Constitución.

Si el Presidente desde un inicio no procuró que su iniciativa fuera de conformidad con los preceptos de la Constitución, yo creo que desde ahí están las fallas”. Francisco Burgoa, académico de la UNAM.

El letrado resalta que en este tipo de situaciones, el papel del poder Legislativo es fundamental porque desde las cámaras se pueden enriquecer los proyectos aunque sean del Presidente. Pero destaca que esto no se está viendo y eso se debe a la mayoría con la que cuenta el partido en el poder.

“Que el Poder Legislativo realmente se haga valer como un poder en donde haya un contrapeso principalmente cuando se trate de iniciativas que estarían yendo en contra de lo que diga la Constitución”, dice.

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Esto ha pasado por ejemplo en los casos del decreto con el que se creó el Panaut, que fue aprobado en el Congreso de la Unión, pero ante el cual, ya se presentaron amparos y desde el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) se aprobó presentar una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia .

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Las acciones se dan en un contexto en el que el presidente ha acusado a jueces de ser “corruptos” por aceptar amparos y en el que el mismo presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, está en medio de la polémica por una iniciativa que avaló ampliar su mandato.

Para algunos especialistas es inconstitucional, pero tiene el visto bueno del Presidente López Obrador, pues es parte del andamiaje para reformar el poder Judicial, donde han recaído buena parte de sus proyectos.

El presidente de la Corte ha señalado que será la propia SCJN quien decida su constitucionalidad, pues la Carta Magna tiene sus vías de defensa. Y eso es lo que ha ocurrido en buena parte de lo que va de la actual administración, cuyos medios legales han llegado hasta el máximo tribunal.

Así lo explica también el profesor de la Universidad La Salle, Bernardino Esparza. “Hay un medio de control constitucional que se llama acción de inconstitucionalidad, y la persona afectada puede presentar otro medio de control constitucional que es el amparo, y eso es lo que ha ocurrido”, comenta.

Para él, es “normal” que cada mandatario que llegue quiera amoldar la Constitución cuando ésta se tiene que aplicar y es muy clara y precisa, y esto es lo que juran al convertirse en Presidente.

“Ellos para poder gobernar presentan reformas, no es malo, pero tampoco es muy bueno, porque en la Constitución hay artículos que no se respetan, lo que creo que tiene que hacer un gobierno es invocar y aplicar los artículos constitucionales”, señala.

El Presidente electo, cuando toma protesta ante el Congreso, le hacen jurar que la propia Constitución le dice que si no la respeta, que el pueblo se lo demande, y se jugó en el proceso electoral con esa Constitución, y se tiene que respetar”.