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Medio: expansion.mx

Especialista: Mtro. José Perdomo / FD

Tema: “Esto es lo que sabemos del presunto fraude millonario en contra del Infonavit”

El gobierno federal dice haber recuperado 2,000 mdp tras un desfalco al instituto, pero ese dinero irá a parar a la llamada rifa del avión presidencial.

Dos mil millones de pesos (2,000 mdp) es la cifra que la Fiscalía General de la República (FGR) dice haber recuperado tras detectar e indagar un presunto fraude en contra del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit). Sin embargo los recursos no regresaron a las arcas del Infonavit sino que serán utilizados para pagar los premios de la llamada rifa del avión presidencial, anunció recientemente el presidente Andrés Manuel López Obrador.

¿Cómo se obtuvo ese dinero?, ¿por qué no regresa al Infonavit?, ¿es dinero de los trabajadores que cotizan en el instituto? ¿qué personajes están involucrados? Expansión preguntó a especialistas para tratar de resolver esas preguntas y esto fue lo que encontró.

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¿Fraude al Infonavit ?

Durante la gestión de David Penchyna (2018-2018), el Infonavit realizó un pago a la empresa Telra por 5,000 mdp por la cancelación anticipada de un contrato exclusivo para el programa de movilidad hipotecaria.

Según su página de internet, Telra es una empresa dedicada a procesos de gestión, administración de hipotecas y movilidad residencial que opera con los principales desarrolladores de vivienda en México. Dice tener más de 30 años en el mercado y que cuenta con la mayor cartera de propiedades, nuevas y usadas en todo el país.

Sin embargo, la página no menciona a las empresas con quien tiene alianzas ni los nombres de sus directivos ni su ubicación física. Expansión trató se comunicarse con los representantes de Telra sin que obtuviera una respuesta inmediata al cierre de esta edición Carlos Martínez, actual director general del Infonavit, ha declinado hacer comentarios adicionales al respecto porque las investigaciones están en proceso.

“Lo único oficial sobre el dinero que se recuperó como resultado del combate a la corrupción es lo que dijo el fiscal general de la República. Todo lo demás que ha trascendido en distintos medios no ha sido confirmado por ninguna fuente oficial y no tiene ninguna validez jurídica”, Martínez Velázquez el pasado 13 de febrero en conferencia de prensa.

En enero de 2018, el entonces Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos (IFAI) presentó una denuncia ante la PGR “por la comisión de posibles delitos relacionados por la celebración de contratos con Telra”. La investigación sigue su curso y su contenido es de naturaleza reservada, en términos de la ley. En septiembre del año pasado la contraloría interna del Infonavit abrió una investigación adicional “para indagar hechos que pudieran estar relacionados con el tema”, agregó Martínez.

José Perdomo, especialista de la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle, afirmó que por lo que han dicho las autoridades no existe ningún procedimiento, sino que Telra, con tal de que no se diera curso a la amenaza de un procedimiento por parte de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) decidió devolver parte del dinero entregado.

Lee: La recaudación del Infonavit se dispara 1,600%

¿Por qué no se entregó el dinero al Infonavit?

“Lo que creo es que hay un acuerdo entre Infonavit y Fiscalía: algo así como, para mí ya es dinero perdido, si lo recuperas es tuyo. Lo que quiero es que finques responsabilidades para ver quiénes fueron los funcionarios públicos que, por omisión o ejercicio indebido, generaron este quebranto”, dijo por su parte José Antonio Salazar Andreu, académico de la Escuela de Gobierno y Economía de la Universidad Panamericana (UP).

Si llegan a un arreglo, quien tendría que recibir ese dinero es el Infonavit, pero como hay una denuncia que presentó el Poder Ejecutivo, entonces entra la FGR en las negociaciones, comentó.

Es importante tener claro que el pago a Telra iba a obtenerse de los beneficiarios del programa movilidad hipotecaria.

“En el mismo contrato, se establece que el cobro o el beneficio económico que va a tener la contraparte del Infonavit, Telra, será a través de las aportaciones de los beneficiarios, específicamente los del programa de mejoría de vivienda. Infonavit no iba a pagar, sino que se acordó que lo iba a hacer a través de sus usuarios”, señaló José Perdomo, de La Salle .

“Puede haber muchos asegunes, pues contratos y convenios son tan variables que permiten un campo de acción muy amplio. Esa es una lectura de lo que haya sucedido. No sé si sean corruptos o si ese contrato tenga elementos de corrupción, pero al momento de que alguien, voluntariamente, se apegó a un convenio para ser resarcido por el daño de la decisión unilateral de cancelar el contrato, de pronto diga: te regreso los 5,080 millones de pesos, está dando algo en qué pensar”, agregó.

El fiscal Alejandro Gertz Manero dijo el pasado 13 de febrero en la conferencia matutina del presidente López Obrador que las investigaciones siguen su curso y que el Gobierno puede disponer de ese dinero gracias a las reformas a la Ley Nacional de Extinción de Dominio.

¿Se están utilizando los recursos antes de que concluya el proceso judicial?

Tal como se está manejando este tema de parte de la autoridad judicial y el Poder Ejecutivo, parece que este asunto con Telra ya concluyó, razón por la que no hay problema alguno en que se anuncie el destino de los 2,000 mdp para la llamada rifa del avión presidencial, coincidieron los expertos.

“La empresa tuvo mucho cuidado, es decir, existe un acuerdo de voluntades, ya es un tema consumado. Si no, si estarían actuando muy mal porque sería disponer de un dinero sobre el cual no tenemos completo dominio. Si ya están los acuerdos hechos, no tienen ningún problema”, explicó Salazar Andreu, de la UP.

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“El contrato de transacción es aquel en el cual dos personas se hacen recíprocas confesiones importantes, con la finalidad de prevenir controversias futuras, pero tiene que ser celebrado ante una autoridad judicial. No hay forma de que se elabore si no es haciendo previamente un procedimiento”, explicó por su parte el académico de La Salle.

¿Qué busca el gobierno federal?

Por un lado está la obtención de recursos para destinarlos a la compra de medicamentos y atención al sector salud, como ha dicho el presidente López Obrador. Por el otro está la imagen del gobierno.

“El gobierno está buscando recursos, no me atrevo a decir desesperadamente, pero con mucho ahínco. Al fin y al cabo, si la rifa sale bien, van a recaudar más dinero de los premios que entreguen, a la mejor el doble, entonces estos 2,000 mdp se van a convertir en 4,000 mdp. Entonces tiene que hacer circo, maroma y teatro para conseguirlos”, expuso José Antonio Salazar Andreu, académico de la UP.

Las actividades del gobierno se pueden dividir en dos grupos: categorías administrativas y actividades políticas. Por ejemplo, la entrega de vacunas para una enfermedad.

“Si lo hacemos en términos administrativos los centros de salud van a recibir las vacunas y, a su vez, los médicos y enfermeras van a aplicar vacunas a la gente que vaya o irán a las escuelas, sin servidores públicos.

“Si queremos hacerlo político, hacemos un gran arranque en el Zócalo donde yo haga que todos los niños de todas las secundarias y primarias vayan y el presidente esté ahí y diga: vamos a salvar a la población y somos muy buenos’. Eso es para que el personaje político en cuestión, comunique políticamente que es un buen líder y continúe teniendo el poder”, expuso Salazar Andreu.

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¿Infonavit puede decidir entregar los recursos a la FGR?

El instituto que dirige Carlos Martínez Velázquez pudo haber tomado la decisión de entregar los 2,000 mdp a la FGR, sin embargo, esto tuvo que ser aprobado por su consejo de administración.

“Si lo decidió así, tiene que informar donde estuvo el acta celebrada por el consejo de administración del Infonavit donde se autorice a trasladar ese recurso a la FGR”, sostuvo José Perdomo.

Ahora, en caso de que se determine que hubo fraude contra el Infonavit o uso indebido de recursos, la responsabilidad no solo podría caer sobre Alejandro Murat, quien canceló un contrato exclusivo de movilidad hipotecaria, y David Penchyna, por el pago de 5,000 mdp, sino contra los integrantes del consejo de administración en turno que avalaron dichas decisiones.

“Para que tomara esa decisión, primero hubo un acuerdo del consejo general de administración”, concluyó el académico de La Salle.

 

 

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