Medio: El Economista

Especialista: Mtro. Carlos Chavez  /FD

Tema: “Freno a reforma de outsourcing obligaría a empresas a cumplir compromisos ”

Mañana martes 8 de diciembre, una vez que se reúnan los legisladores de las Comisiones de Trabajo y Hacienda y Crédito Público, darán a conocer si se amplía la discusión y análisis de la iniciativa de reforma en materia de outsourcing propuesta por el Ejecutivo, o si se avanza en el dictamen, afirmó la diputada Anita Sánchez del Grupo Parlamentario de Morena.

En tanto, especialistas apuntan que las mesas de diálogo “surtieron efectos y logró frenar su aprobación, a pocos días de que se presentara a discusión en la Cámara de Diputados; no obstante, ahora los empresarios tendrán que cumplir una serie acciones para eliminar malas prácticas”, afirmó Héctor de la Cruz, especialista laboral de la firma D&M Abogados.

Al respecto, Germán de la Garza de Vecchi, de la firma Deloitte Legal-Mowat, dijo que el gobierno y los empresarios han informado que firmarán una carta de intención para eliminar cualquier forma de subcontratación abusiva, lo que incluye ir migrando al personal que se encuentre contratado a través de la figura de insourcing, a pesar de que la regulación en la materia aún no se dictamina en el Congreso.

De la Cruz dijo que las nueva acciones que tendrán que empezar a analizar las empresas en el país son: eliminar cualquier contacto en el cual se pacte el traspaso de personas para desempeñar un trabajo a favor de un tercero; no establecer condiciones de trabajo inferiores para quienes trabajan en el outsourcing; no inscribir trabajadores en el IMSS con un salario inferior al real.

También, no pagar una parte del salario en efectivo para evadir obligaciones; eliminar las empresas de papel (sin empleados) que sólo facturan servicios sin generar utilidades; eliminar la simulación de contratos laborales, disfrazándolos como contratos por honorarios, de sociedad, servicio profesional, o cualquier otro que no reconozca a la persona como trabajador; pagar el total de las cuotas al IMSS, Infonavit y SAR.

Asimismo, subcontratar solo servicios especializados que no abarquen la totalidad de la empresa, y no tener empleados en dos o más empresas haciendo el mismo trabajo pero ganando menos que otros. Por otro lado, modificar el porcentaje que se otorga a los trabajadores como derecho a su participación de las utilidades es complejo, pues en septiembre de este año todos los sectores -patronal, trabajadores y gobierno estuvieron de acuerdo con que se mantuviera el 10% por los próximos 10 años.

En caso de pretender adelante una revisión, implicaría que la STPS publicara una nueva convocatoria, además de que los trabajadores podrían verse afectados, pues ya en 2020 se tendría que aplicar el 10% que se había aprobado “existe el problema de legalidad porque ya es un derecho adquirido por los trabajadores y se estaría revocando, lo cual resultaría violatorio de derechos humanos laborales”, comentó Pablo Franco, abogado laboral de la Unión Nacional de Juristas.

La profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, María Xelhuantzi, enfatizó que “esta reforma definitivamente no beneficiará a las y los trabajadores, porque al Gobierno lo que le interesa es la recaudación, y el argumento principal es la defraudación fiscal”, mencionó. El docente de la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle, Carlos Chávez, dijo: “hay que buscar el equilibrio entre los factores de la producción sin que pasen por alto los derechos de los trabajadores y patrones”.

Expertos ven complejo modificar el porcentaje que se otorga a los trabajadores como derecho a su participación de las utilidades, pues apenas en septiembre de este año se acordó mantenerlo.