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Representantes de diferentes instituciones nacionales e internacionales comparten sus propuestas de prevención y combate al desplazamiento forzado interno.                                                                           

La Salle fue sede del foro Desplazamiento Forzado Interno y Pueblos Originarios, en el que representantes de diferentes instituciones nacionales e internacionales dedicadas a atender la problemática compartieron sus estrategias para enfrentar el despojo al derecho territorial de estas comunidades vulnerables.

El desplazamiento forzado interno consiste en un gran número de personas que han sido obligadas a huir de su hogar repentinamente y se hallan dentro del territorio de su propio país. Los principales factores que ocasionan este fenómeno son los conflictos armados, disensiones internas, violaciones sistemáticas de los derechos humanos, proyectos de desarrollo a gran escala y desastres naturales o provocados por el hombre.

De acuerdo con la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), durante el 2021 la violencia obligó a que cada 24 horas, 79 personas abandonaran sus comunidades de origen. En el 2020, los estados con mayor número de registro de personas desplazadas fueron Guerrero, Chiapas, Oaxaca y Michoacán. Cada año, desde el 2017, la población indígena ha representado más del 41% de la población desplazada internamente en México.

“Hablar hoy del desplazamiento forzado, de los pueblos originarios, derecho al territorio y los problemas de vulnerabilidad

que estos fenómenos traen consigo, son de profundo impacto y preocupación para todos los que trabajamos en la transformación de la sociedad”.

-Lic. Roberto Medina Luna Anaya, fsc, Vicerrector de Bienestar y Formación en Universidad La Salle.

En el país, distintos grupos se han interesado en esta problemática que, además, muestra la vulneración constante de las personas mientras se encuentran en tránsito buscando reubicarse.

La Dimensión Episcopal de la Pastoral de Fe y Compromiso Social se concentra en dar acompañamiento a personas en condiciones de desplazamiento forzado interno que han sido afectadas por la violencia. Su director, el Mtro. Eduardo Hernández Escobar, mencionó que se establecen diferentes metodologías  de apoyo dependiendo del sector de población.

Por otra parte, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) se concentra en México y en el triángulo norte de Centroamérica para los temas de desplazamiento interno y migración, específicamente por la violencia armada y en contextos urbanos. Su trabajo se enfoca en dar soluciones intermedias a las consecuencias humanitarias del desplazamiento, toda vez que reconocen las limitaciones del Estado para garantizar protección a sus habitantes.

Es decir, cuando identifica un desplazamiento, documenta los hechos y mediante una ruta de asistencia, ayuda a las víctimas a solventar algunas de sus necesidades básicas, como la reubicación, el restablecimiento de la seguridad y el acceso a derechos como la salud y la educación.

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Lorena Guzmán, Coordinadora Regional de Protección a Migrantes y Personas Desplazadas del CICR, comentó que el organismo también trabaja en fortalecer las respuestas de los Estados a este fenómeno. El CICR busca, en primer lugar, que exista un reconocimiento de la situación. Posteriormente, acompaña al desarrollo de legislaciones, con la finalidad de que se asignen recursos, tanto humanos, técnicos y presupuestales para una respuesta más integral. 

Otro caso es el del proyecto Transparencia Proactiva que corrió la organización internacional Artículo 19 a finales de 2020, tras el paso del Huracán Eta. Éste consistió en estudiar la situación de acceso a la información de la comunidad chiapaneca Zoque, desplazada de su territorio a causa de Eta y a la falta de prevención y mitigación de riesgos frente a los desastres naturales.

La comunidad también sufrió la vulneración de sus derechos humanos, como el de la propiedad, la pérdida de parcelas agrícolas y la caída en la infraestructura de la red comunitaria. De igual manera, carecía de información sobre medidas de prevención o refugios activados y no contaba con información en su lengua.

Mayra López Pineda, Coordinadora de Promoción en Artículo 19, señaló que, ante esta problemática, la comunidad Zoque reaccionó de manera autogestiva. Por ejemplo, en materia de información, hicieron un mapeo a través de Whats App para ubicar las zonas de mayor afectación. 

A su vez, el Padre Julio López, Secretario Ejecutivo de la Dimensión Episcopal de Pastoral de Movilidad Humana, mencionó que las pocas leyes para prevenir y atender el desplazamiento forzado interno carecen de una reglamentación, lo que las convierte en leyes inoperantes. 

Ante esta situación, recomienda algunas acciones para atender el desplazamiento forzado interno, como son: orientar a las comunidades que puedan verse afectadas con soluciones jurídicas; evaluar las necesidades de las comunidades que puedan ser desplazadas, establecer bases de operación en comunidades con riesgo y realizar políticas públicas encaminadas a prevenirlo.

“No se puede justificar el desarrollo de este país basado en el desplazamiento forzado, la criminalización de la defensa de territorio

y el asesinato de las y los defensores. Nuestro México necesita de procesos de paz con justicia y dignidad.

Para ello, necesita reconocer, proteger y garantizar el derecho al territorio de sus pueblos indígenas y afromexicanos.

Saber vivir de la tierra sin dañarla es una enseñanza de nuestros pueblos originarios para el Estado

y para nosotros como sociedad que no termina de encontrar todavía su rumbo y su armonía”.

-Padre Prisciliano Sosa Alvarado

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), a su vez, brinda atención a las víctimas de desplazamiento forzado interno en México con asistencia técnica sobre leyes y políticas públicas en los tres niveles de gobierno. Algunos de sus comentarios para proyecto de ley ya se encuentra en el senado, mientras que en junio de este año concluyeron un informe de análisis del marco normativo general vigente en México, relacionado con las principales áreas de protección de los derechos de las personas desplazadas internas.

Carolina Reyes Rosinol, Asociada de Protección en el ACNUR, señaló que el organismo también realiza capacitaciones, monitorea a los medios de comunicación, gestiona la información y analiza tendencias. Asimismo, el ACNUR se coordina con otros organismos como el CICR para organizar un trabajo integral.

También tiene experiencia en programas de integración local con personas refugiadas y solicitantes de asilo, por lo que ahora corre un par de proyectos pilotos para la población desplazada, mismos que son complementados por la Secretaría de Gobernación (SEGOB) y por el Instituto Nacional de Desarrollo Social (INDESOL).

Finalmente, el Padre Alfredo Zepeda, SJ, contextualizó que las irregularidades en la contratación y las condiciones de trabajo de las comunidades campesinas, son las que han causado la migración dentro y fuera del país. Su diócesis contribuye con visitas a la población que emigra y brinda un canal de enlace, a través de la radio comunitaria, para que tengan una manera de comunicarse con sus familiares.

“Es importante que se cree conciencia sobre esta situación que es invisible, que están viviendo sobre todo los campesinos,

para que se vayan creando nuevas iniciativas, nuevos imaginarios y podamos, verdaderamente, ser actores en esta problemática.”

 

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