Medio: eleconomista.com.mx

Especialista: Dra. Victoria Alva Lugo / FD

Tema: “Mujeres dan la batalla por los cargos de elección popular” 

 

Actualmente hay nueve gobernadoras; hasta 2020, 22.91% de los municipios eran encabezados por una mujer; en la legislatura actual del Congreso de la Unión, 49% son mujeres.

En México las mujeres están dando la batalla por ocupar posiciones políticas relevantes. Han alcanzado la paridad en legislaturas y en candidaturas a puestos de elección popular que han generado un notable incremento de mujeres gobernando. Sin embargo, eso no es un logro, es algo que siempre debió ser, plantean expertas en la materia.

Si bien el país jamás ha sido gobernado por una mujer, hoy por hoy, a poco más de un año de la siguiente elección presidencial, una dama es la que se observa en el escenario político con más posibilidades de ganar la contienda.

De acuerdo con información sistematizada por Vanessa Góngora Cervantes y Cinthia Noemí Plascencia Morales en el análisis “Ciudadanía e insurrección. La lucha por los derechos políticos de las mujeres en México”, publicado por el Instituto Nacional Electoral (INE), de 1979 cuando Griselda Álvarez Ponce de León rindió protesta como la primera mujer gobernadora de Colima a la fecha, 14 mujeres han sido gobernadoras o jefas de gobierno de la Ciudad de México.

Solo la capital del país ha sido gobernada por dos mujeres (Rosario Robles, cuando todavía se llamaba Distrito Federal y la actual mandataria Claudia Sheinbaum).

Hasta 2020 solo ocho mujeres habían ocupado el cargo de gobernadora en México (seis por elección popular y dos por interinato). En ese sentido, Góngora Cervantes y Plascencia Morales destacan que gracias a las acciones afirmativas, y los cambios implementados por las autoridades electorales, las elecciones de 2021 presentaron un cambio destacable, ya que la mitad de las candidaturas fueron encabezadas por mujeres y de 15 gubernaturas que se renovaron, seis mujeres ocupan el cargo.

Actualmente nueve estados son gobernados por mujeres: Aguascalientes, Baja California, Campeche, Ciudad de México, Colima, Chihuahua, Guerrero, Quintana Roo y Tlaxcala.

En el ámbito municipal, entre 1995 y 2000, de los 2,454 municipios y las 16 alcaldías de la Ciudad de México, únicamente 3% estaban encabezados por una mujer.

A partir de 2001 comenzó un aumento paulatino que alcanzó 14% en 2017, este porcentaje ha seguido creciendo y en los datos reportados hasta 2020 se observa que 22.91% de los municipios mexicanos cuentan con una mujer como titular del Poder Ejecutivo.

Por otra parte, el perfeccionamiento de las normas electorales a través de los diversos ejercicios de prueba y error han permitido posicionar a México como un país en el cual se han registrado avances muy importantes en la representación descriptiva de las mujeres, refieren Góngora Cervantes y Plascencia Morales al enfatizar que en el proceso electoral de 2015 se alcanzó la representación histórica de 42.4% de mujeres en la Cámara de Diputados; en 2018 las mujeres ocuparon 48.2% de las curules en la Cámara de Diputados y representaron 49.2% en la composición de la Cámara de Senadores.

En ese sentido, el consejero del INE Martín Faz Mora expuso que la arena político-electoral, a partir de las reformas constitucionales de 2014 y 2019, se concretó una lucha histórica con la aprobación de lo que hoy conocemos como “paridad en todo”, que obliga a respetar el principio de paridad en la integración de los distintos órdenes de gobierno. “No obstante esos logros, aún hoy sigue siendo innegable la desigualdad en materia de género en diversos ámbitos”.

Alcanzar la paridad no debe verse como un logro

Por su parte Victoria Alva Lugo, académica de la Universidad La Salle dijo que si bien es positivo ver que acciones afirmativas plasmadas en ley han hecho posible que haya paridad en legislaturas, así como candidaturas a puestos de elección popular, lo que ha redundado en más mujeres gobernando y legislando, eso no debe verse como un logro, porque es algo que debimos haber alcanzado como sociedad, sin la necesidad de una reforma constitucional.

La especialista enfatizó: “Encuentro la preocupación en que se piense que tener 50% de varones y 50% de mujeres fue la meta y no el inicio para la construcción de una toma de decisiones en la que las mujeres sean escuchadas y sin simulaciones ejerzan su poder”.

De acuerdo con la profesora es necesario reflexionar sobre las posiciones que ocupan mujeres no solo en cargos de elección popular, sino en las posiciones de poder donde se toman decisiones que tienen implicaciones en la comunidad.

Por otra parte llamó la atención sobre la permanencia de acciones que constituyen violencia política debido a género.

Refirió que el registro nacional de personas sancionadas en materia de violencia política contra mujeres en razón de género muestra, que a enero del año en curso, 260 personas estaban inscritas en ese listado, de las cuales 215 son hombres y 45 mujeres.

Eso nos refleja que el cambio social esperado todavía no se alcanza y necesitamos trabajar para lograrlo y refleja que todavía hay mujeres que ejercen ese tipo de violencia y las brechas entre hombres y mujeres para alcanzar la igualdad no solamente presentan como obstáculo los varones.

Añadió que los registros del INE señalan que 60 personas fueron sancionadas por sus conductas, algunas de ellas en más de una ocasión por ejercer ese tipo de violencia.

La incidencia mayor se observa en Oaxaca, Veracruz, Chiapas, Baja California, Baja California Sur, Chihuahua y Guanajuato.

Dijo que ese registro constituye un indicador sobre cómo está distribuida la violencia. En ese tenor, recalcó que el mayor problema se encuentra en el ámbito municipal con 71% seguido del estatal con 15% y 12% nacional. Ha la fecha se han dictado 194 sanciones

Alva Lugo mencionó que no es posible garantizar el ejercicio de los derechos políticos electorales de las mujeres obviando la función tan relevante que tiene el Instituto Nacional Electoral, aunque recalcó que se trata de conceptos y formas de actual que deben permear en lo más profundo de la sociedad, pues aun cuando haya un instituto electoral blindado y un marco legal fuerte, hay fenómenos sociales como la violencia feminicida que encienden las alarmas.

“Por ello, antes de pensar en la reestructura del INE frente a las elecciones tenemos que observar que hay muchas otras cosas que son prioritarias en el país”, para garantizar el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres, remarcó.