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Medio: debate.com.mx

Especialista: Dr. Bernardino Esparza  / FD

Tema: “Organizaciones ciudadanas apresuran la batalla para ser partidos políticos en México”

  • México Libre, Redes Sociales Progresistas y Fuerza Social por México buscan luz verde del Tribunal Electoral para contender en el 2021

Las organizaciones políticas México Libre, Redes Sociales Progresistas y Fuerza Social por México continúan en la lucha por alcanzar su acreditación como partidos políticos, luego de impugnar ante el Tribunal Electoral el fallo que el Instituto Nacional Electoral (INE) les otorgó en contra, como impedimento para que puedan contender oficialmente en las próximas elecciones.

Especialistas en derecho y ciencias políticas opinaron para EL DEBATE sobre las posibilidades que tendrán dichas organizaciones de lograr ser partidos políticos, y destacaron qué papel juegan los líderes de México Libre y de Redes Sociales Progresistas para generar un efecto en la democracia del país.

Fallo en contra

El Consejo General del INE aprobó con seis votos a favor y cinco en contra otorgar el registro como nuevo partido político nacional solamente a una de las siete organizaciones que presentaron su solicitud de registro: el Partido Encuentro Solidario.

Dejó por fuera a Libertad y Responsabilidad Democrática AC; a México Libre, a pesar de haber acreditado la realización de 220 asambleas distritales y 262 mil 605 afiliados válidos, al argumentar fundamentación dividida por presuntamente tener más del 5 por ciento de aportaciones de personas no identificadas y porque existiría un procedimiento pendiente de resolver; también dejó de lado a la organización Redes Sociales Progresistas, a quien se le habría acreditado la participación del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en la celebración de las asambleas estatales; así como a Fuerza Social por México, Partido Político Nacional, Alternativa PPN y Súmate, que se quedaron sin registro como partidos políticos.

Margarita Zavala impugnó esta decisión ante el Tribunal Electoral, y en un pequeño mitin explicó que «aun sabiendo que desde el poder se instiga en nuestra contra y sabiendo que desde Palacio Nacional se persigue a quienes disentimos, fuimos cuidadosos y entregamos cada documento, cumplimos cada requisito, preferimos la transparencia, y aquí lo saben».

Acusó que el INE les negó el registro en medio de una sesión pública llena de incongruencias, confusiones e inconsistencias, y aseguró que por supuesto el resultado fue injusto.

Luego de también impugnar el fallo, el líder nacional de las Redes Sociales Progresistas, Fernando González, explicó que en sus recursos de impugnación aclararán los puntos que influyeron para que el Consejo General del INE «tomara una determinación injusta, arbitraria, y que seguramente el Tribunal podrá corregir».

Por su parte, el dirigente de Fuerza Social por México, Gerardo Islas, destacó que están seguros de que la verdad los hará participar en el esfuerzo democrático. Además, también acusó al Consejo General del INE de atentar contra la democracia al resolver no otorgar el registro oficial a Fuerza Social por México bajo la presión de su consejero presidente, Lorenzo Córdova.

En espera de la actuación del Tribunal

Bernardino Esparza, especialista en la Facultad de Derecho en la Universidad La Salle, explicó que tanto a México Libre como a Redes Sociales Progresistas y a las demás organizaciones que impugnen el Tribunal Electoral tendrá que darles una resolución con base en los argumentos que ellos presenten.

Al destacar a México Libre como una de las organizaciones más reconocidas, el experto indicó que —entre otros señalamientos— el INE argumentó que algunos simpatizantes no fueron identificados en las aportaciones que habían realizado. Sin embargo, dijo que eso podría acreditar una multa, no que se niegue el registro al partido.

Explicó que la ley dice que cualquier persona que haga una aportación a las organizaciones políticas para constituirse como partido político debe ser identificable con datos personales y que el recurso no sea de procedencia ilícita. «Vamos a esperar qué dicen los magistrados», insistió. No obstante, enfatizó que —desde su punto de vista— muy probablemente el Tribunal Electoral podría confirmar que México Libre sí tiene el registro: «En pocas palabras, es decir, revocar al INE y que se le otorgue el registro a México Libre, por ese lado, pero no sabemos todos los argumentos que tiene el expediente», mencionó.

El especialista en derecho aclaró que uno de los aspectos fundamentales que tiene el Tribunal Electoral es que procura no acumular ningún rezago judicial sobre impugnaciones y siempre trata de desahogarlos de manera inmediata. Explicó que eso ocurre por varias razones, una de ellas son los tiempos.

Desde este 7 de septiembre inició el proceso electoral, y las organizaciones como México Libre y Redes Sociales Progresistas no pueden trabajar ni ser partidos políticos aún, en principio porque la ley les dice que hasta el primero de enero pueden constituirse como partidos políticos del 2021. Tomando como base esta circunstancia, Bernardino Esparza indicó que el Tribunal Electoral tendrá para resolver hasta diciembre del 2020, o antes, su estatus legal.

Intereses de grupo o de ciudadanos

Octaviano Moya Delgado, experto en ciencias políticas, opinó sobre las figuras públicas que lideran las organizaciones. Dijo que hasta ahora no observa tan fuerte el movimiento que encabeza Gerardo Vargas Landeros en Sinaloa con Redes Sociales Progresistas. Consideró que la fuerza de este político se encuentra más reducida, quizá suficiente para haber alcanzado el registro de un partido local; sin embargo, destacó el hecho de que se sumaran al esfuerzo en un partido nacional: «En el caso de este liderazgo, Gerardo Vargas Landeros tendrá que buscarse, buscar su participación en uno de los partidos ya existentes, si es que no logran revertir la decisión que tomó el INE respecto a ellos», comentó.

A su vez, Moya Delgado redujo México Libre a un esfuerzo y ejercicio de Margarita Zavala y del expresidente Felipe Calderón para mantenerse en la vida pública y formar parte de las decisiones del país.

Además, consideró que quienes lo identifican saben que estos esfuerzos de constituir el partido se vinculan directamente tanto programática como biológicamente con Acción Nacional. «Entonces, esta incapacidad o esta limitada diferenciación es lo que quizá no hace posible que crezcan o se mantengan. Creo que los ciudadanos empiezan a percibir que estos partidos son promovidos del interés de un grupo en lugar de que obedezcan a intereses colectivos generales».

Crisis en las dirigencias

Bernardino Esparza explicó que en política hay un principio que se llama pluralismo político. El ciudadano —dijo—, entre más partidos políticos conozca, puede elegir a uno de su preferencia.

El problema —indicó— es que los partidos políticos están desacreditados y hay una crisis en ellos de tiempo atrás, pero aclaró que no es por la institución en sí, sino muchas veces por los dirigentes de estos partidos: «En países con una democracia consolidada, por ejemplo España, en las elecciones que acaban de pasar, allá ocurre que se han llegado a presentar en elecciones federales hasta cien partidos políticos. No todos por supuesto logran una votación a su favor, pero el ciudadano dice “yo puedo votar por el diez, el catorce, el quince, el veinte”, pero tienen esa opción, porque es un principio muy interesante en nuestro sistema político», comentó.

Agregó que, desde 1977, el legislador mexicano por primera vez constitucionalizó a los partidos políticos. Esto significa que los eleva a rango constitucional y les dice que son entidades de interés público y que a través de ellas se accede a los cargos públicos. Es decir, representan un baluarte de la democracia: «Eso es lo que no se ha entendido mucho, y el problema ha sido de los dirigentes, que no hacen valer estos principios», lamentó.

¿Más partidos consolidan la democracia?
En contraste, Octaviano Moya Delgado, experto en ciencias políticas, consideró que el régimen democrático también establece que haya funciones diferenciadas y una competencia real. Opinó que el número actual de partidos que existen (PAN, PRI, PRD, PT, PVEM, Movimiento Ciudadano, Morena y Encuentro Solidario) garantiza distintas opciones partidarias en una elección, si es que estas se encuentran bien diferenciadas.

«Entonces, mayor número de partidos no necesariamente fortalece la calidad de la democracia, sino que simple y sencillamente hay quienes lo ven como algo negativo, dado lo costoso que pueden ser, algo perjudicial», expuso.

Cabe destacar que esta semana el Consejo General aprobó por unanimidad el anteproyecto de presupuesto del INE para el ejercicio fiscal del año 2021, por un monto total de 20 mil 463 millones de pesos.

La autoridad electoral asignará la cifra de 49 millones 888 mil 650 pesos, que de forma igualitaria entre los ocho institutos políticos con registro vigente, como prerrogativa postal para el periodo del 5 de septiembre y hasta diciembre del 2020, es por la cantidad de 6 millones 236 mil 081 pesos para cada uno.

Adicionalmente, como prerrogativa telegráfica, la cifra global es de 346 mil 745 pesos, por lo que el monto que cada uno de los partidos políticos podrá ejercer es de 43 mil 343 pesos para el periodo antes citado.

Los que han desaparecido

Hasta ahora, los expertos coincidieron al destacar que crear nuevos partidos nacionales y estatales no es nada sencillo. Bernardino Esparza explicó que para lograr un partido político por lo menos se necesita hacer asambleas en veinte entidades o doscientos distritos.

Esas asambleas —agregó— deben tener alrededor de tres mil afiliados por entidad o trescientos por distrito. Los requisitos —sostuvo el experto— son muy complejos y muy amplios, porque encima también el INE tiene que enviar a un certificador, representante y funcionario para valorar y evaluar que las organizaciones cumplan con los requisitos: «Hoy, actualmente, aunque se quisieran bajar o reformar, no se pueden hacer para este periodo electoral, ya sería para el 2024; es decir, que un diputado o senador aprueben reformas legales para que se pueda cambiar los requisitos en ese sentido», indicó.

En el caso local de Sinaloa, Octaviano Moya Delgado indicó que los requisitos para hacer un nuevo partido político son altos en proporción a lo que establece la legislación.

En el caso del Partido Sinaloense, que tiene un registro local, opinó que hasta ahora ha alcanzado cierto nivel de representación; sin embargo, con el ejemplo de partido anterior que tuvo Sinaloa, El Barzonista, va decreciendo hasta que esa fuerza se debilita y se agota, hasta perder el registro: «La tendencia del PAS ha sido más o menos semejante, aunque hay que reconocer que tiene importante apoyo vinculado a la Universidad (UAS), entonces eso es lo que lo ha mantenido vivo, aunque en la última elección sí se vio que perdió un apoyo electoral considerable», expuso.

Bernardino Esparza mencionó que antes se aprovechaba que el camino del partido político era crearlo como una empresa, porque utilizaban los recursos, el dinero, los financiamientos públicos, y compraban inmuebles, coches, etcétera, y al final que no alcanzaban el registro o el porcentaje se quedaban con todo.

Hoy —indicó—, la ley dice que aquellos partidos que pierdan su registro tendrán que ser liquidados; es decir, si fue comprado un edificio con el financiamiento mientras fue partido nacional registrado, y no alcanza el porcentaje del 3 por ciento de la votación nacional, entonces se tiene que regresar al INE todo lo comprado como partido.

Lamentablemente, destacó que no se habla mucho de qué pasa con ese recurso de los partidos políticos que han perdido su registro los últimos años. De acuerdo con el INE, del 2009 al 2018 los partidos que desaparecieron fueron Encuentro Social, Nueva Alianza, Partido Humanista y el Partido Socialdemócrata, originalmente Alternativa Socialdemócrata y Campesina, después Alternativa Socialdemócrata.

El Tribunal Electoral deberá resolver las impugnaciones de las organizaciones que buscan convertirse en partidos políticos antes del 1 de enero del 2021, que es el periodo oficial en el que inician las actividades públicas relacionadas con la elección de ese año.

 

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