Medio: Debate.com.mx

Especialista: Mtro. José Perdomo Galicia / FD

Tema: “Reforma eléctrica de AMLO en México, ¿un viaje hacia el pasado?”

México.- La propuesta de reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador para otorgarle mayor fuerza a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y disminuir el espacio en el sector a los privados crea una nueva polémica entre este, los empresarios, el mensaje de México con su manejo del Estado de derecho y de cómo podrían actuar los partidos políticos de aprobar o no este cambio constitucional.

Especialistas entrevistados por Debate señalaron que sin duda los cambios representarán un retroceso en el país hacia una política de los años 60, donde el Estado tenía el control de todo, pero, además, el país perdería una ventaja competitiva para atraer inversiones en la medida de que no muestre un compromiso con el cambio climático.

El presidente envió al Congreso una iniciativa de reforma constitucional para que la empresa estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE) tenga el 54 por ciento del mercado de generación en el país, además de nacionalizar la explotación del litio.

Cabe destacar que Morena, el partido del Gobierno, no tiene la mayoría calificada de dos terceras partes del Congreso para aprobar reformas constitucionales, por lo que necesitará pactar con la oposición. Por ello, López Obrador advirtió a los legisladores que van a tener que “asumir su responsabilidad” y aunque en primera instancia coqueteó con el PRI al pedirle que se definiera como posible aliado para lograr los cambios, más tarde negó que exista una negociación con el partido.

Energías al carbón y costosas

Óscar Ocampo, coordinador de Energía del Centro de Investigación en Política Pública, IMCO, señaló en entrevista para Debate que el esfuerzo del Gobierno es muy claro en concentrar todas las actividades de la industria eléctrica en el antiguo monopolio del Estado, la Comisión Federal de Electricidad. Lo anterior, dijo, tiene un impacto muy importante en el país, en términos de finanzas públicas, de medio ambiente y en términos de Estado de derecho, que quizá es lo más importante.

En términos de finanzas públicas, abundó que la CFE produce energía eléctrica mucho más costosa que los privados, hasta 252 por ciento más y eso se tendrían que pagar con mayores tarifas o con subsidios que salen indirectamente de los impuestos y las contribuciones que hacen todos los mexicanos.

Puntualizó que no es que la CFE esté peleada con las energías renovables, pero si se elimina a los privados y se le apuesta todo a la empresa del Gobierno, lo que va a pasar es que México no va a crecer en energías renovables. Indicó que los compromisos que se tienen plasmados en el Acuerdo de París, de generar el 35 por ciento de energía limpia para el 2024, se vuelve sencillamente imposible de cumplir porque la CFE no tiene energías renovables y se le está cerrando la puerta a los privados para expandir los parques renovables.

Energías limpias

Oscar Ocampo, especialista del IMCO, consideró que esto es catastrófico, desde el punto de vista de la inversión, hasta un punto de vista medioambiental. Analizó que en la administración anterior, se lograron tres subastas a largo plazo para la generación de energía limpia, que incluso, fueron las más exitosas de América Latina, con una inversión de 26 mil millones de dólares y eso era lo que iba a permitirle a México transitar hacia un mercado energético menos dependiente del carbón y con más participación de las energías renovables.

“Con esta reforma le estamos apostando al 100 por ciento a los combustibles fósiles, al combustóleo, a las técnicas convencionales y eso en sí mismo, debería ser un argumento demoledor contra esta reforma”, apuntó.

Estado de derecho

Indicó que con esta posible modificación el Estado mexicano manda el mensaje de que no está comprometido con respetar su Estado de derecho, con respetar los derechos de los inversionistas, porque lo que se hace con esta reforma es que se deja en total incertidumbre política a esos inversionistas en energías renovables.

“Es expropiatoria la reforma porque se vuelve inviable en cuestión de los activos que ya están instalados en México”, aclaró.

Pero además, Óscar Ocampo consideró que este mensaje no queda solo en el sector energético, sino que impacta a todas las inversiones. De acuerdo con Ocampo, los inversionistas están en su legítimo derecho de defenderse con las herramientas que le da la legislación mexicana, y que también les dan los acuerdos comerciales internacionales y de los que México es parte, como el T-MEC o el Tratado de Asociación Transpacífico, así como los acuerdos de inversión con los países europeos. Ante este panorama, México tendría que ir a paneles internacionales a defender su política energética.

Promesa de campaña

José Perdomo Galicia, especialista de la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle, indicó en entrevista para EL DEBATE que esta propuesta trata de modificar la Constitución como una promesa política de campaña hecha por el presidente Andrés Manuel para que el Estado vuelva a tener el control de producción y distribución de energía eléctrica y que sea a través de una empresa pública como la CFE.

Sin embargo, indicó que le quita el concepto de productiva a la CFE y es únicamente para dotarle de cierto campo de maniobra como empresa pública, que se pueda manejar, incluso, con discrecionalidad por parte del Estado.

Para Perdomo Galicia el motivo más autóctono del planteamiento de AMLO recae en la muy trasnochada y otoñal idea de que teniendo el control de la energía eléctrica, México es un país soberano.

“Es otoñal porque la soberanía no está en el que Estado tenga el porcentaje superior en materia de producción y de distribución, la soberanía no suscribe en eso, la soberanía es la paz social, es darle y cumplir con las necesidades de la sociedad”, apuntó.

El profesor de la Universidad La Salle añadió que a esta propuesta le sigue un discurso político de aparente disminución de costos dirigido a sectores sociales que todavía creen que si el Estado tiene el control de la energía va a bajar su costo, pero hasta ahora, indicó, eso no es verdad.

“El presidente López lo que quiere es regresar al antiguo modelo de la empresa del Estado. No de concepto de empresa productiva del Estado, sino empresa del Estado, es decir, un modelo de administración pública pero de naturaleza paraestatal a través de empresas públicas, donde el Estado es el dueño de las acciones”, señaló.

Pero ¿por qué empresa o por qué no un órgano descentralizado? De acuerdo con José Perdomo Galicia, aparentemente la empresa da mayores facilidades para el manejo de actividades, como puede ser la producción y distribución de energía eléctrica.

Consecuencias legales

José Perdomo Galicia de la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle explicó que de aprobarse, se pueden observar dos efectos. Por un lado, dijo que si se aprueba la modificación institucional, se va a tener que indemnizar los contratos con los particulares internos. En el caso de los internacionales, el Estado mexicano tiene dos opciones, o esperar a recibir todos los litigios internacionales o busca negociar para rescindir contratos, y el Estado mexicano, los ciudadanos, se encargarán de pagarlo.

“Eso en dado caso de que no vengan los litigios, porque si vienen los litigios, el punto en un litigo no es indemnízame, no, el punto en un litigio es hago respetar el tratado internacional, hago respetar los contratos y te guste o no te guste, voy a operar porque al fin y al cabo, una cosa es el Estado y empresarios nacionales y extranjeros”, destacó.

Perdomo Galicia agregó que muy probablemente todo lo que implicarían los cambios ya están calculados por parte del Estado y ya no es la mayor preocupación del Ejecutivo ni de los que rodean al Ejecutivo.

“Me gustaría pensar que es así, porque de no ser así, es una idea atrabancada, y vaya que hemos visto en esta administración ideas atrabancadas”, señaló.

Óscar Ocampo, especialista del IMCO, añadió que en el pasado quizá el medioambiente era un tema aparte del comercio y de la inversión, pero hoy no se pueden separar y el Gobierno de México debe entender que pierde una ventaja competitiva para atraer inversiones en la medida de que no se comprometa con el cambio climático.

Para entender…

Tarifas de luz costarían más caras

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) pidió al Congreso frenar la reforma constitucional impulsada por el presidente. Carlos Salazar criticó que la reforma no define las reglas de entrega de electricidad, de precios ni de reguladores autónomos, con lo que iría en contra de los compromisos tomados con inversionistas en el pasado.

Apuntó que al ser más antiguas y menos eficientes las plantas de la CFE, los mexicanos pagarán más en la tarifa de la luz porque subirán los costos de generación.

Salazar pidió al Partido Verde Ecologista de México (PVEM), que forma parte de la coalición que apoya a López Obrador, comprobar si la reforma afecta a su “vocación” medioambiental. Y a partidos como el PRI, que impulsó en 2013, la apertura del sector a la inversión privada, que mantengan la visión que tuvieron en ese momento.

“No se puede aplicar una ley en retroactiva. Los contratos se firmaron en función de cierta normativa, cambiarlos o cancelarlos evidentemente va a acabar siendo discutido en el Poder Judicial”, advirtió. De acuerdo con EFE, a diferencia de lo que sostiene el Gobierno, el líder de los empresarios opinó que la propuesta de reforma resulta violatoria del tratado comercial de México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), puesto que debe dar a los inversores de esos países un trato acorde con el derecho internacional.

El Dato

Puertas abiertas

De acuerdo con el IMCO, la CFE tendría la facultad de establecer tarifas y otorgar permisos, así como decidir qué centrales inyectan su energía a la red y en qué momento lo hacen.